Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario; Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay
Destitución unánime de Peña tras crisis bancaria y acusaciones de corrupción
El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad al expresidente Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026, tras ser acusado de graves faltas relacionadas con el colapso del Ueno Bank, que dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros. Horas después de su destitución, Peña fue puesto bajo arresto domiciliario en Asunción por cargos de abuso de confianza, tráfico de influencias y uso indebido del cargo público. En su lugar, el vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente para completar el mandato hasta 2028, en medio de una crisis política y financiera sin precedentes en el país.
La destitución y arresto de Santiago Peña
El Senado paraguayo, compuesto por 44 miembros presentes, votó de manera unánime para destituir a Peña por faltas graves relacionadas con la fallida supervisión y posible desvío de fondos públicos hacia Ueno Bank, entidad que colapsó provocando una crisis financiera nacional. Peña enfrenta cargos que conllevan hasta 10 años de prisión, incluyendo abuso de confianza, tráfico de influencias y beneficio personal con recursos estatales.
El expresidente negó todas las acusaciones y expresó en un mensaje previo a la votación: “Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”. Sin embargo, la presión social fue evidente, con manifestantes congregados en la Plaza frente al Congreso de Asunción, exigiendo justicia y la devolución de sus ahorros congelados.
La policía instaló un operativo en la residencia de Peña para asegurar que no intentara evadir la justicia, mientras que las autoridades también ordenaron la detención de Carlos Carvallo, exdirector de la empresa financiera ligada a Ueno Bank y nombrado presidente del Banco Central por Peña en 2023.
Pedro Alliana asume un gobierno en crisis
Pedro Alliana, vicepresidente y también investigado en relación con el caso Ueno Bank, juró como nuevo presidente de Paraguay el mismo día de la destitución. Su principal reto será gestionar la crisis financiera, restaurar la confianza pública y garantizar que se sancione a los responsables del colapso bancario.
Alliana heredó un escenario complicado, con una economía afectada y el sistema financiero bajo escrutinio. La prioridad inmediata es la devolución de los depósitos asegurados, que según el Banco Central cubren al 97% de los clientes hasta 35 mil dólares.
Impacto del colapso de Ueno Bank en la sociedad paraguaya
El cierre repentino de Ueno Bank afectó a casi la mitad de los seis millones de habitantes del país, quienes vieron sus ahorros inaccesibles. Más de un millón de paraguayos tenían en esta institución su primera cuenta bancaria, incluyendo sectores vulnerables y trabajadores informales.
Las consecuencias económicas también se sintieron más allá de los clientes: una aplicación de transporte vinculada al banco cerró dejando sin empleo a 3 mil conductores, mientras que préstamos internacionales por 21 millones de dólares destinados a obras públicas quedaron congelados.
Los bonos paraguayos sufrieron fuertes caídas en los mercados emergentes y la moneda local, el guaraní, perdió valor frente al dólar. Aunque algunos depositantes comenzaron a recuperar fondos pequeños, la incertidumbre persiste.
En respuesta a la crisis, la Fiscalía ha acusado a 27 ejecutivos de Ueno Bank, incluido su fundador Miguel Vázquez, por delitos que incluyen abuso de confianza e intento de fraude. Se han ordenado detenciones preventivas y se han asegurado bienes de lujo vinculados a los directivos.
Paraguay atraviesa una de las peores crisis políticas y económicas en décadas, reflejo del impacto que una mala gestión financiera y la corrupción pueden tener en la estabilidad nacional. Para entender la importancia del sistema financiero en el desarrollo de un país, es posible consultar información en el sitio oficial del Banco Central del Paraguay.
Este caso marca un precedente en la historia reciente de Paraguay, siendo sólo el segundo presidente destituido mediante juicio político desde el fin de la dictadura en 1989, y pone en evidencia la exigencia social por mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos.
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