Alejandro Armenta cuestiona bloqueos por manifestación en el Cereso de San Miguel
Familiares de internos realizaron bloqueos en Puebla; gobernador exige diálogo y anuncia reuniones con autoridades federales
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó su preocupación y cuestionamiento tras los bloqueos simultáneos realizados el martes 10 de noviembre en vialidades principales de la ciudad por familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel. Los manifestantes denunciaron presuntas extorsiones dentro del penal, pero, según Armenta, se negaron a participar en una mesa de diálogo, lo que generó extrañeza en el gobierno estatal. Para atender la situación, se prevé una reunión con autoridades federales para revisar el funcionamiento del Cereso.
Bloqueos y rechazo al diálogo
Los bloqueos fueron realizados por un grupo de manifestantes que, de acuerdo con el gobernador, se presentaron armados y con pasamontañas. Armenta señaló que este grupo rechazó la invitación para establecer una mesa de trabajo que permitiera analizar las denuncias.
“El hecho de que no hayan querido dialogar es muy raro, y también que después de las dos horas que dijeron que durarían las manifestaciones se hayan retirado inmediatamente, lo hace todavía más extraño”, comentó el mandatario estatal. Añadió que, aunque mantiene dudas sobre la coordinación de los cierres, sabe quién está detrás de estos hechos y que se hará una investigación detallada.
Coordinación con autoridades federales para atender el caso
Para dar seguimiento a la problemática, Alejandro Armenta informó que el martes se reuniría con el secretario de Seguridad Pública estatal, Vicealmirante Francisco Javier Sánchez, junto con representantes de la Guardia Nacional, la Marina y la Comisión de Inteligencia de la Federación. El objetivo es revisar el funcionamiento del Cereso de San Miguel y atender las denuncias de extorsión.
Entre las demandas de los manifestantes está la reubicación de internos identificados como “Mara” y “El Primo”, tema que será analizado por las autoridades durante las reuniones.
“Vamos a revisar cuidadosamente cada uno de estos puntos para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el penal”, afirmó Armenta.
Contexto y seguimiento
Las protestas en el Cereso de San Miguel reflejan un problema recurrente en algunos centros penitenciarios del país, donde las familias de los internos denuncian abusos y extorsiones. El gobierno de Puebla se compromete a mantener una comunicación abierta con las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad y la legalidad dentro del sistema penitenciario.
Para conocer más sobre las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos, las autoridades suelen coordinarse con organismos federales y organismos internacionales, cuyos lineamientos se pueden consultar en sitios oficiales como el Gobierno de México.
Este caso seguirá siendo monitoreado de cerca por las autoridades estatales para evitar que se repitan bloqueos o actos violentos que afecten a la ciudadanía y se garantice el orden dentro y fuera del penal.
El Cereso de San Miguel es uno de los principales centros penitenciarios en Puebla, y la situación actual pone en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los penales para evitar abusos y mejorar las condiciones para internos y sus familias.
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