Empresas vinculadas con los Carmona recibieron contratos hospitalarios cuestionados durante el gobierno de Cabeza de Vaca
Los contratos públicos otorgados a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser durante la administración del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, están bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en los procedimientos de adjudicación y por los vínculos señalados con los empresarios Sergio y Julio César Carmona Angulo.
Uno de los expedientes, referido por La Crónica de Hoy, corresponde al mantenimiento de sistemas hospitalarios de la Secretaría de Salud estatal. Según la denuncia citada, el concurso habría sido adjudicado a Grupo Industrial Joser, mientras que el contrato terminó celebrándose con Grupo Industrial Permart, una diferencia que forma parte de los cuestionamientos sobre la documentación y el procedimiento de contratación.
El caso también cobró relevancia tras las declaraciones públicas de Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien encabezó la Secretaría de Salud de Tamaulipas entre 2017 y 2022. La exfuncionaria señaló al exgobernador García Cabeza de Vaca por presuntas instrucciones para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas de ambos grupos.
De acuerdo con la versión de Molina Gamboa, durante su gestión existía una división de funciones en la dependencia: mientras ella atendía los asuntos técnicos y operativos, el control de la proveeduría y de los contratos de interés económico o político se habría ejercido desde la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
La exsecretaria sostuvo que algunas de esas decisiones forman parte de las denuncias penales que enfrenta y pidió que las investigaciones alcancen a toda la cadena de mando, incluidos quienes presuntamente habrían dado las instrucciones para concretar las contrataciones.
Los señalamientos colocan bajo escrutinio la relación entre las empresas beneficiadas, las decisiones administrativas y el uso de recursos públicos durante el gobierno estatal de 2016 a 2022.
No obstante, los vínculos empresariales señalados y las presuntas irregularidades en las contrataciones deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes. Las declaraciones de Molina Gamboa constituyen su versión de los hechos y no acreditan, por sí mismas, responsabilidad penal del exgobernador ni de las compañías mencionadas.
